La reversión de la actual política educativa debe ser una urgencia para el nuevo congreso de los diputados.

En las pasadas Elecciones Generales, la ciudadanía se ha pronunciado claramente por un cambio decidido en las políticas sociales emprendidas por el gobierno de Mariano Rajoy. En el campo educativo, el Partido Popular impuso en todas las enseñanzas, sin diálogo alguno, toda una serie de medidas legislativas que han supuesto el mayor retroceso en igualdad y en calidad jamás visto desde la instauración de la democracia. La respuesta social ha sido contundente desde los primeros momentos y nunca las calles y los foros se han llenado tanto con manifestaciones, varias convocatorias de huelga y numerosos debates exigiendo la retirada de estas políticas, pero también reflexionando, sobre el presente y futuro de la educación pública.

Constituido el nuevo Parlamento, las Cortes Generales deben responder de manera prioritaria a las reclamaciones de las ciudadanas y los ciudadanos expresadas con toda claridad en las urnas. La derogación de la LOMCE, con la paralización cautelar de su desarrollo, la retirada de todos los recortes educativos y también la revocación de las reformas de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y sus desarrollos normativos son inexcusables a partir de este momento. Los compromisos previos de la mayoría de los partidos políticos en este sentido deben materializarse ya como iniciativas parlamentarias concretas.

Apremia, por tanto, el restablecimiento de la calidad, la equidad y la dignidad de la Educación Pública, que debe ser el eje vertebrador de todas las enseñanzas. Es necesario eliminar cuanto antes las pruebas externas de las reválidas, disminuir las ratios en las aulas, implementar un sistema de becas y de ayudas justo, mejorar las condiciones laborales del profesorado y restituir las decenas de miles de puestos docentes perdidos.

La Plataforma Estatal por la Educación Pública se dirige a las representaciones políticas en el Congreso de los Diputados a que concreten inmediatamente las iniciativas parlamentarias que conviertan en realidad las demandas enunciadas, y anima a la comunidad educativa y a toda la sociedad a seguir luchando para la consecución de una educación de calidad para todas y para todos.